Cualquiera sea la forma en que el tomador de decisiones quiera imponer alguna idea en torno al área de la salud, sea influenciado por evidencias científicas o simplemente por presiones políticas o económicas, debe emplear necesariamente el sistema de salud. Este es, por lo tanto, la “extremidad facultativa” de los legisladores y/o ejecutivos para implementar las acciones de salud, y se configura como un sistema, vale decir, como un conjunto de personas distribuidas de manera jerárquica y con capacidad de sumar esfuerzos, de manera de lograr un efecto final que supere las acciones individuales de cada una de las instituciones.
La constitución de la OMS remarca el rol del estado en la salud, poniendo de manifiesto la obligación de éste de “proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo”(1). De esta manera, la finalidad del sistema de salud consiste en lograr, mediante la interconexión y agrupación de las distintas organizaciones sanitarias del país, un aparato administrativo que asegure una mayor cobertura y un aumento de la equidad poblacional, además de una elevación de la productividad con una consiguiente disminución de los gastos, una mejor organización de los recursos y una capacidad de respuesta superior. Esta última puede entenderse como un concepto estrechamente relacionado con el largo de las listas de espera o con el tiempo necesario para ser intervenido.
Para cumplir con sus fines el sistema de salud está organizado en 4 funciones principales: una función reguladora, representada principalmente por el Estado a través del Ministerio de Salud, una función financiadora, a cargo del Estado y particulares, una función aseguradora, manejada por las Isapres y Fonasa, y una función proveedora, representada por todo el staff médico o asociado a la intervención médica.
La primera de las funciones mencionadas, es decir, la administrativa y coordinadora, está comandada por el Ministro de Salud, quien viene a ser una especie de “presidente sanitario”, siendo su obligación llevar al sector salud todas aquellas decisiones programáticas establecidas por el gobierno de turno. Es por tanto, una figura esencialmente política, en cuya misión colabora también el Subsecretario de Salud Pública, quien establece las medidas y políticas que pretenden prevenir y controlar enfermedades, además de promocionar políticas públicas saludables y regular organismos de salud pública, tales como Fonasa. Además existe el Subsecretario de Redes Asistenciales, originado hace unos 6 años atrás, quien pretende fiscalizar y controlar el funcionamiento de hospitales, consultorios, centros de salud familiar, y en general toda la red asistencial de salud.
La segunda de las funciones señalada, es decir, la financiadora, considera los distintos aportes que permiten proveer salud y mantener los servicios sanitarios: el aporte fiscal, originado de los impuestas de empresas del estado (tales como CODELCO), el aporte del trabajador dependiente, a través del 7% del sueldo imponible (el piso que cobra Fonasa, pero que en el caso de las Isapres puede aumentar mucho más), el aporte del trabajador independiente , dado por un prepago voluntario, y el aporte de las empresas, las cuales están obligadas a pagar desde un 0,9% (que aumenta en condiciones laborales mas riesgosas) de la planilla de pago de sus trabajadores, para la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Por ultimo, y omitiendo la función proveedora, existe el rol asegurador del sistema de salud, que consiste en organizaciones que, a cambio de una prima, controlan la enfermedad de sus afiliados. Estos aparatos administrativos son: Fonasa (Fondo Nacional de Salud), que es de aseguramiento público, las Isapres, de carácter privado, las Mutuales, de características mixtas y relacionada con accidentes de trabajo, y las Fuerzas Armadas, de naturaleza fiscal.
Todo esto nos muestra un claro orden jerárquico-administrativo del Sistema de Salud, lo cual le permite cumplir con los roles ya mencionados, y de esta manera proporcionar una buena “salud poblacional”. Permite unificar todas las organizaciones e instituciones, formando una unidad mas estable y con un mejor funcionamiento, de manera de asegurar “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, siendo este uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social” (1), tal como lo proclama la OMS.
(1) Constitución de la OMS
